Protección de datos personales en Chile
Cómo cumplir la Ley 21.719 de protección de datos personales en Chile
Qué regula, a quién aplica, qué te exige, cuándo rige y cuánto cuesta no cumplir. Y cómo llevarlo a un programa que funcione: saber qué datos tratas, con qué base, quién responde y cómo actuar ante una vulneración.
La Ley 21.719 en un minuto
Lo esencial para saber si te alcanza y por dónde empezar. El detalle de cada punto está más abajo.
- Qué es
- La reforma de la Ley 19.628: crea la Agencia de Protección de Datos Personales y un régimen de infracciones y sanciones. Ver detalle
- A quién aplica
- A toda organización pública o privada, de cualquier tamaño, que trate datos de personas naturales. También a quien, sin establecimiento en Chile, ofrece bienes o servicios a personas en Chile o monitorea su comportamiento. Ver detalle
- Desde cuándo
- 1 de diciembre de 2026, según la ley publicada. El Senado aprobó postergarla al 15 de octubre de 2027, pero el proyecto sigue en la Cámara y no es ley. Ver detalle
- Qué te exige
- Una base de licitud para cada tratamiento, una política de tratamiento publicada, medidas de seguridad que puedas probar, contratos con tus encargados y cuidado en las transferencias internacionales. Ver detalle
- Derechos de los titulares
- Responder en 30 días corridos, prorrogables una sola vez; el bloqueo temporal, en 2 días hábiles. Ver detalle
- Vulneraciones
- Si hay riesgo razonable para los titulares, reporte a la Agencia sin dilaciones indebidas y sin plazo en horas, y aviso a cada titular si hay datos sensibles, de niños menores de 14 años o de obligaciones económicas. Ver detalle
- Multas
- Hasta 5.000, 10.000 o 20.000 UTM según la gravedad, y hasta el triple si reincides. Ver detalle
- Por dónde empezar
- Un inventario de qué datos tratas, con qué base y quién responde: es lo que la ley te pide poder probar. Ver detalle
El detalle, tema por tema
Qué regula la Ley 21.719 y a quién aplica
Alcance, quiénes quedan obligados y cuándo alcanza a empresas sin establecimiento en Chile.
La Ley 21.719 no reemplaza a la Ley 19.628: la modifica, le cambia el nombre a ley sobre protección de los datos personales, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y fija un régimen de infracciones y sanciones.
Qué regula
Todo tratamiento de datos de personas naturales que haga una persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos (art. 1°). Quedan fuera el ejercicio de las libertades de opinión e información y las actividades personales. Los datos de fuentes de acceso público también quedan sometidos a la ley; un dato anonimizado deja de ser personal (art. 2°).
A quién aplica
A toda organización pública o privada, de cualquier tamaño, que trate datos de clientes, colaboradores, postulantes, proveedores, pacientes, alumnos o usuarios. Protege a personas naturales, no a personas jurídicas. Aplica a responsables y encargados establecidos en Chile y a quienes traten datos por cuenta de un responsable establecido en Chile (art. 1° bis).
Extraterritorialidad
Alcanza a responsables o encargados sin establecimiento en Chile cuando el tratamiento busca ofrecer bienes o servicios a personas en Chile, con o sin pago, o monitorear su comportamiento: análisis, rastreo, perfilamiento o predicción (art. 1° bis). El responsable sin domicilio en Chile debe tener un correo u otro medio de contacto operativo (art. 14) y, si es una persona jurídica no constituida en Chile, informarlo por escrito a la Agencia (art. 10).
Texto oficial: Ley 21.719 en la Biblioteca del Congreso Nacional. Si tu organización también es prestador de servicios esenciales u operador de importancia vital, revisa la Ley 21.663 de ciberseguridad.
Cuándo rige la Ley 21.719 y en qué está la postergación
La fecha que fija la ley y el estado del proyecto que la posterga.
La ley está publicada y su fecha de vigencia es el 1 de diciembre de 2026. El Congreso tramita un proyecto que la mueve al 15 de octubre de 2027: el Senado lo aprobó el 28 de octubre de 2026 y está en segundo trámite en la Cámara de Diputados, con urgencia de discusión inmediata. Ya lo informaron las comisiones de Constitución y de Hacienda de la Cámara; falta la votación en Sala. Mientras no se publique como ley, la fecha sigue siendo el 1 de diciembre de 2026.
Hay además una moción para perfeccionar la ley (Boletín 18.060-07), en primer trámite y sin urgencia. Seguimiento oficial: Boletín 18.623-07 en el Senado y nota del Senado del 20-10-2026. Estado verificado el 17 de noviembre de 2026.
Se promulga la Ley 21.719.
Publicación en el Diario Oficial. La vigencia queda fijada para el primer día del mes vigésimo cuarto posterior: 1 de diciembre de 2026.
La Ley 21.806 modifica el artículo cuarto transitorio: la primera designación de consejeros pasa a hacerse seis meses antes de la vigencia. Según ese artículo, mientras la ley no rija el Consejo solo ejerce funciones limitadas y sus instrucciones no obligan.
Ingresa al Senado la nómina de tres consejeros para la Agencia propuesta por el Ejecutivo (Boletín S 2716-05). Según una nota del Senado, antes se había presentado otra terna, que fue retirada.
- Rechazada
La Sala del Senado rechaza esa nómina por no alcanzar los dos tercios de los senadores en ejercicio. No encontramos registro de una nueva propuesta.
- En trámite
Ingresa al Senado el Boletín 18.623-07 (Mensaje 110-374 del 31 de agosto): propone postergar la vigencia al 1 de diciembre de 2027, ampliar el Consejo de 3 a 5 consejeros y extender a todos los responsables la amonestación escrita de los primeros 12 meses. Es solo un proyecto.
- En trámite
Una nota oficial del Senado informa que la Comisión de Constitución aprobó en general y por unanimidad la idea de legislar, y que se trabajarán indicaciones, entre ellas una regla escalonada de aplicación. Según la nota, la postergación no modificaría las obligaciones sustantivas. La ficha oficial aún no registra el informe de comisión.
- En trámite
El Ejecutivo hace presente la urgencia de discusión inmediata.
- Aprobado en el Senado
La Sala del Senado aprueba el proyecto en general y en particular. El texto fija la nueva vigencia en el 15 de octubre de 2027, amplía el Consejo Directivo a 5 integrantes y da plazo hasta el 15 de enero de 2027 para designarlo. La amonestación escrita de los primeros 12 meses sigue siendo solo para las empresas de menor tamaño.
- En trámite
Segundo trámite en la Cámara de Diputados: la Comisión de Constitución lo informó el 10 de noviembre y la de Hacienda, el 16. Falta la votación en la Sala de la Cámara y, si cambia el texto, un tercer trámite en el Senado.
Entrada en vigencia según la ley publicada, salvo que antes se publique una ley que la posterge. Desde ahí operan las facultades de fiscalización y sanción de la Agencia, sus instrucciones pasan a ser obligatorias y corren los 12 meses de amonestación escrita para las empresas de menor tamaño.
- Propuesta
Nueva fecha de vigencia solo si la Cámara aprueba el texto del Senado y se publica como ley.
Principios y bases de licitud
Los ocho principios y las seis bases que justifican un tratamiento.
Todo tratamiento tiene que respetar ocho principios (art. 3°) y apoyarse en una de seis bases de licitud (arts. 12 y 13). Infringir los principios es sancionable, y tratar datos sin base de licitud es infracción grave.
- Licitud y lealtad
- Finalidad
- Proporcionalidad
- Calidad
- Responsabilidad
- Seguridad
- Transparencia e información
- Confidencialidad
Consentimiento (art. 12)
Libre, informado, específico, previo e inequívoco. Se puede revocar en cualquier momento sin efecto retroactivo, y se presume que no es libre si se pidió dentro de un contrato o servicio que no lo necesitaba.
Obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales (art. 13 a)
Datos sobre deudas y obligaciones, con las reglas especiales del Título III.
Obligación legal (art. 13 b)
Cuando otra ley te exige tratar los datos.
Contrato o medidas precontractuales (art. 13 c)
Lo necesario para ejecutar un contrato con el titular o para prepararlo.
Interés legítimo (art. 13 d)
Del responsable o de un tercero. El titular puede exigir que le informes cuál es y puede oponerse al tratamiento (art. 8°).
Defensa de derechos (art. 13 e)
Formular o defender derechos ante tribunales u órganos públicos.
Obligaciones del responsable de datos
Lo que exige la ley y lo voluntario que te ayuda a demostrar que cumples.
La carga de la prueba es tuya: tienes que poder acreditar la base de licitud de cada tratamiento y que tus medidas de seguridad existen y funcionan. Estas son las exigencias que más trabajo demandan, con su artículo; las reglas para datos sensibles, menores y evaluación de impacto van más abajo.
Acreditar una base de licitud para cada tratamiento
Consentimiento u otra de las cinco bases del art. 13. La carga de probarla es tuya (arts. 12 y 13), y tratar datos sin base de licitud es infracción grave (art. 34 ter).
Publicar tu política de tratamiento de datos
Permanentemente en tu sitio web o un medio equivalente, con el contenido mínimo del art. 14 ter: fecha y versión, identidad del responsable, canal de contacto, categorías de datos, finalidades, bases de licitud, destinatarios, medidas de seguridad, transferencias internacionales, plazo de conservación, fuente de los datos, derechos, cómo reclamar ante la Agencia y existencia de decisiones automatizadas.
Proteger desde el diseño y por defecto
Incorporar la protección de datos en el diseño de productos y procesos (art. 14 quáter) y guardar la confidencialidad de los datos (art. 14 bis), que subsiste después de terminada la relación con el titular (art. 3°).
Implementar medidas de seguridad adecuadas al riesgo
Que aseguren confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia (art. 14 quinquies): seudonimización y cifrado, capacidad de restaurar los datos y verificación periódica de que las medidas funcionan. Ante una controversia, tienes que probar que existían y funcionaban.
Reportar y registrar las vulneraciones de seguridad
A la Agencia, por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas, cuando exista un riesgo razonable para los titulares (art. 14 sexies). La ley no fija un plazo en horas. Debes avisar a cada titular si la brecha afecta datos sensibles, de niños menores de 14 años o de obligaciones económicas, y registrar cada vulneración con sus efectos, datos afectados, número aproximado de afectados y medidas.
Responder a los titulares dentro de plazo
Acusar recibo y pronunciarte a más tardar en 30 días corridos desde el ingreso de la solicitud, prorrogables una sola vez hasta por 30 días corridos (art. 11). Las solicitudes de bloqueo temporal se responden en 2 días hábiles.
Ordenar a tus encargados y tus cesiones
Contrato con cada proveedor que trate datos por tu cuenta, con objeto, duración, finalidad, tipo de datos, categorías de titulares, derechos y obligaciones, y sin subcontratación salvo autorización específica y por escrito (art. 15 bis). El encargado que se aparta del encargo pasa a ser responsable y responde solidariamente. Las cesiones a otro responsable necesitan base de licitud y constancia escrita o electrónica, y sin el consentimiento necesario son nulas (art. 15).
Cuidar las transferencias internacionales
Son lícitas hacia países que la Agencia declare adecuados o con cláusulas contractuales, normas corporativas vinculantes, modelos de cumplimiento o certificaciones con garantías adecuadas (arts. 27 y 28). Fuera de eso, solo en los supuestos específicos del art. 27 o con autorización de la Agencia para el caso (art. 28). Quien transfiere debe acreditar el cumplimiento, y transferir en contravención es infracción grave.
Adoptar acciones para prevenir infracciones
Es obligatorio para todo responsable (art. 48). El delegado de protección de datos y el modelo de prevención son voluntarios (arts. 49 y 50): ver abajo qué te aportan.
Conservar solo lo necesario
Por el principio de proporcionalidad, cuando los datos dejan de ser necesarios hay que suprimirlos o anonimizarlos; conservarlos más tiempo requiere ley o consentimiento (art. 3°). Los datos de obligaciones prescritas se suprimen sin esperar una solicitud (art. 17).
Lo que no es obligatorio, aunque te ayuda a demostrar que cumples
- Delegado de protección de datos. La ley dice que el responsable «podrá» designarlo (art. 50). Si se designa, lo nombra el directorio o la máxima autoridad y debe tener autonomía; en una mipyme puede asumir el dueño.
- Modelo de prevención certificado. Programa voluntario con delegado, inventario de datos y bases, procesos de riesgo, protocolos, reporte y sanciones internas (art. 49). Si la Agencia lo certifica, el certificado dura 3 años y acredita la atenuante de haber cumplido los deberes de dirección y supervisión (arts. 36 N° 5 y 52).
- Registro general de actividades de tratamiento. A diferencia del modelo europeo, no es un deber general: lo que la ley obliga a registrar son las vulneraciones. Igual conviene tener el inventario, porque es la forma práctica de acreditar la licitud de cada tratamiento (arts. 12, 13 y 49).
Derechos de los titulares: qué pueden pedirte y en cuánto tiempo responder
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, bloqueo y decisiones automatizadas.
Los derechos son personales, intransferibles e irrenunciables (art. 4°). Responder tarde o en forma incompleta es infracción leve, y sin un procedimiento definido es difícil cumplir los plazos.
| Derecho | Qué puede pedir el titular | Plazo y condiciones |
|---|---|---|
| Acceso | Saber qué datos suyos tratas. | 30 días corridos desde el ingreso, prorrogables una sola vez hasta por 30 días corridos (art. 11). Gratuito al menos una vez por trimestre (art. 10). |
| Rectificación, supresión y oposición | Corregir, eliminar o pedir que dejes de tratar sus datos. | 30 días corridos, prorrogables una vez hasta por 30 (art. 11). Siempre gratuitos (art. 10). |
| Portabilidad | Recibir sus datos y llevarlos a otro responsable, cuando el tratamiento es automatizado y se basa en el consentimiento (art. 9°). | 30 días corridos, prorrogables una vez hasta por 30 (art. 11). Solo pueden cobrarse costos directos si se pide más de una vez por trimestre (art. 10). |
| Bloqueo temporal | Suspender temporalmente el tratamiento de sus datos. | 2 días hábiles (art. 11). |
| Frente a decisiones automatizadas | Oponerse a decisiones basadas en tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos en la persona o la afecten significativamente (art. 8° bis). | Excepciones: contrato, consentimiento previo y expreso, o ley. Aun así debes asegurar explicación, intervención humana y revisión. |
| Reclamo ante la Agencia | Si rechazas la solicitud o no respondes, el titular puede reclamar ante la Agencia. | 30 días hábiles para reclamar (arts. 11 y 41). |
Datos sensibles, menores y evaluación de impacto
Reglas reforzadas para recursos humanos, salud, educación, seguros y productos digitales.
Tres reglas reforzadas que suelen aparecer en recursos humanos, salud, educación, seguros y productos digitales.
Datos sensibles y biométricos
Origen étnico, afiliación política o sindical, situación socioeconómica, creencias, salud, perfil biológico, datos biométricos, vida y orientación sexual e identidad de género (art. 2° g). Exigen consentimiento expreso, con excepciones tasadas. Los datos de salud y de perfil biológico recolectados en el ámbito laboral, educativo o de seguros no pueden tratarse salvo autorización legal (art. 16 bis). Para biometría hay que informar el sistema, la finalidad, el período de uso y cómo ejercer los derechos (art. 16 ter).
Niños, niñas y adolescentes
Para tratar datos de niños y niñas menores de 14 años se requiere el consentimiento de los padres, representantes legales o de quien tenga su cuidado personal. Los adolescentes de 14 a 17 años se rigen por las reglas de los adultos, salvo que sus datos sensibles requieren consentimiento parental mientras sean menores de 16 años. Siempre prima el interés superior del menor, y los establecimientos educacionales tienen un deber especial de cuidado. Tratarlos a sabiendas en contravención es infracción gravísima.
Evaluación de impacto
Obligatoria antes de iniciar un tratamiento con probable alto riesgo, y siempre en cuatro casos: evaluación sistemática con decisiones automatizadas o perfiles que produzcan efectos jurídicos significativos; tratamiento masivo o a gran escala; monitoreo sistemático de zonas de acceso público; y datos sensibles tratados sin consentimiento en las hipótesis de excepción. Si el resultado es alto riesgo, puedes consultar a la Agencia. Omitirla es infracción gravísima.
Implicancias de la Ley 21.719 según tu industria
Las reglas que más trabajo dan en cada sector.
La ley aplica a todos, pero cada sector concentra sus riesgos en reglas distintas. Estas son las que más trabajo dan en cada caso.
Banca, seguros y servicios financieros
Los datos sobre obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales tienen base de licitud y reglas propias (art. 13 a y Título III). Si una brecha los afecta, hay que avisar a cada titular, y los datos de obligaciones prescritas se suprimen sin esperar una solicitud (art. 17). En seguros, los datos de salud recolectados en ese ámbito tienen restricciones propias (art. 16 bis). Banca, servicios financieros y medios de pago son además servicio esencial bajo la Ley 21.663.
Salud
Los datos de salud y de perfil biológico son sensibles y tienen un régimen propio (arts. 2° g y 16 bis). Una brecha que los afecte obliga a avisar a cada titular, y la salud institucional también es servicio esencial bajo la Ley 21.663.
Retail, e-commerce y plataformas digitales
Marketing, scoring y perfilamiento: si usas el interés legítimo, el titular puede exigir que le informes cuál es y oponerse; frente a decisiones automatizadas con efectos significativos puede oponerse y, cuando proceden por excepción, tiene derecho a explicación e intervención humana (art. 8° bis); el tratamiento masivo o a gran escala exige evaluación de impacto (art. 15 ter), y la geolocalización requiere información reforzada (art. 16 sexies).
Educación
Datos de niños menores de 14 años con consentimiento de padres o representantes, interés superior del menor y un deber especial de cuidado para los establecimientos educacionales (art. 16 quáter). Los datos de salud recolectados en el ámbito educativo tienen restricciones propias (art. 16 bis).
Recursos humanos, en cualquier industria
Postulantes, colaboradores y control de asistencia. La biometría exige informar el sistema, la finalidad, el período de uso y cómo ejercer los derechos (art. 16 ter), y los datos de salud recolectados en el ámbito laboral no pueden tratarse salvo autorización legal (art. 16 bis).
Sector público
Los órganos públicos están sujetos a la ley, con un régimen propio para tratar datos en ejercicio de sus funciones legales (Título IV, arts. 20 a 26). La multa recae en el jefe superior del servicio: entre 20% y 50% de su remuneración mensual (art. 44).
Empresas extranjeras y proveedores tecnológicos
Si ofreces bienes o servicios a personas en Chile o monitoreas su comportamiento, la ley te alcanza aunque no tengas establecimiento en el país (art. 1° bis). Si tratas datos por cuenta de un cliente establecido en Chile, eres encargado: contrato, medidas de seguridad y deber de reportarle las vulneraciones (art. 15 bis).
La Agencia de Protección de Datos Personales
Qué puede hacer desde la vigencia y qué pasa si un titular reclama.
Es una corporación autónoma de derecho público que se relaciona con el Presidente a través del Ministerio de Economía (art. 30). La dirige un Consejo Directivo de tres consejeros designados por el Presidente con acuerdo de dos tercios de los senadores en ejercicio, por seis años y con dedicación exclusiva (art. 30 quáter); el proyecto en trámite propone subirlo a cinco.
Antes de la vigencia, el Consejo solo puede ejercer funciones acotadas y sus instrucciones no obligan (art. cuarto transitorio). Tampoco encontramos dictadas las instrucciones que la ley le encarga: estándares diferenciados por tamaño de empresa, lista de países adecuados, cláusulas modelo y lista orientativa de evaluaciones de impacto.
Qué puede hacer desde la vigencia (art. 30 bis)
- Dictar instrucciones y normas generales obligatorias, con consulta pública previa.
- Fiscalizar, requerir información y citar a declarar.
- Iniciar procedimientos sancionatorios de oficio o a petición de parte, que no pueden superar los 6 meses (art. 42).
- Resolver los reclamos de los titulares en el procedimiento de tutela (art. 41).
- Certificar modelos de prevención y administrar el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento (art. 39).
- Sus resoluciones se reclaman ante la Corte de Apelaciones dentro de 15 días hábiles (art. 43).
Si un titular reclama contra ti (art. 41)
- El titular reclama dentro de 30 días hábiles desde el rechazo o la falta de respuesta (arts. 11 y 41).
- La Agencia resuelve la admisibilidad en 10 días hábiles, y tú respondes en 30 días corridos, prorrogables.
- A petición fundada, la Agencia puede suspender el tratamiento.
- Los reclamos por el rechazo de un bloqueo temporal se resuelven en 3 días hábiles.
- El procedimiento dura como máximo 6 meses, y la resolución se impugna judicialmente dentro de 15 días hábiles.
Sanciones y multas de la Ley 21.719
Tres niveles de multa, recargos, reincidencia y registro público.
Las infracciones se gradúan en tres niveles (arts. 34 bis a 35). Para fijar el monto se considera, entre otros, el número de afectados, el beneficio obtenido, si hubo datos sensibles o de menores y la capacidad económica del infractor (art. 37).
| Infracción | Multa máxima | Ejemplos |
|---|---|---|
| Leve | Amonestación escrita o hasta 5.000 UTM | Incumplir el deber de información; responder tarde o en forma incompleta a los titulares (art. 34 bis). |
| Grave | Hasta 10.000 UTM | Tratar datos sin base de licitud; vulnerar la confidencialidad o la seguridad; omitir las comunicaciones o los registros de una brecha; tratar datos de niños, niñas y adolescentes con infracción a la ley; transferir datos al extranjero en contravención (art. 34 ter). |
| Gravísima | Hasta 20.000 UTM | Tratamiento fraudulento; omitir deliberadamente la comunicación de una brecha; tratar a sabiendas datos sensibles o de menores en contravención; no hacer la evaluación de impacto obligatoria; incumplir una resolución de tutela de la Agencia (art. 34 quáter). |
Recargo por no corregir
La Agencia fija medidas para subsanar, con un plazo máximo de 60 días. Si no las adoptas, la multa sube 50% (art. 35).
Reincidencia y tope proporcional
Hay reincidencia si fuiste sancionado dos o más veces en los últimos 30 meses, con resoluciones firmes (art. 36 a), y la multa puede llegar al triple (art. 35). Solo si tu empresa no es de menor tamaño (Ley 20.416) y reincide en infracciones graves o gravísimas, la multa puede ser la mayor entre ese triple y el 2% (graves) o el 4% (gravísimas) de los ingresos anuales del giro del último año calendario. No es una multa general.
Suspensión del tratamiento
Sanción accesoria ante multas por infracciones gravísimas reiteradas en 24 meses: hasta 30 días, parcial o total, prorrogable por períodos de 30 días mientras no se cumpla (art. 38).
Registro público por 5 años
El Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento es público, gratuito y electrónico; cada anotación se publica por 5 años (art. 39). También incluye a quienes tienen un modelo de prevención certificado vigente.
Empresas de menor tamaño
Durante los primeros 12 meses de vigencia, la Agencia puede aplicarles una amonestación escrita en vez de la sanción, que igual se anota en el Registro (art. sexto transitorio). El proyecto de postergación proponía extender esta regla a todos los responsables; el texto que aprobó el Senado la mantiene solo para las empresas de menor tamaño.
Una sola multa por conducta
Si una conducta configura varias infracciones se aplica solo la de la más grave, y si los mismos hechos son sancionables por otras leyes se impone la sanción de mayor gravedad (art. 37).
Atenuantes y prescripción
Reparar el daño, colaborar, no tener sanciones previas, autodenunciarse y tener un modelo certificado atenúan (art. 36). Las infracciones prescriben en 4 años y las sanciones en 3 (art. 40).
Indemnización a los titulares
El daño patrimonial y extrapatrimonial se indemniza en procedimiento sumario, una vez ejecutoriada la resolución de la Agencia o la sentencia del reclamo. La acción prescribe en 5 años desde que queda ejecutoriada la resolución o sentencia que impone la multa (art. 47).
Las multas se expresan en UTM, cuyo valor en pesos publica el SII cada mes. La responsabilidad administrativa es sin perjuicio de la civil y la penal (art. 34).
Ley 21.719 y Ley 21.663: una brecha, dos reportes
Cuándo un mismo incidente también va a la ANCI.
Si además eres prestador de servicios esenciales u operador de importancia vital, un mismo incidente puede activar obligaciones ante dos autoridades. La Ley 21.719 aclara que sus deberes de reporte no obstan a los de otras leyes (art. 14 sexies), y si los mismos hechos son sancionables por dos leyes se aplica la sanción de mayor gravedad (art. 37).
Ante la Agencia, esta ley pide reportar sin dilaciones indebidas y sin plazo en horas (ver obligaciones). Ante la ANCI, la Ley 21.663 pide una alerta temprana en 3 horas si eres prestador de servicios esenciales u operador de importancia vital: los plazos completos y cómo llevar los dos reportes en un solo protocolo están en la página de la Ley 21.663.
Cómo te acompañamos a cumplir la Ley 21.719
Lo que encontramos con más frecuencia al diagnosticar una organización, el servicio que lo resuelve y cómo trabajamos. Cada etapa deja algo concreto que sirve como evidencia ante la Agencia.
Cómo trabajamos: cuatro etapas
- Etapa 1
Diagnóstico
Relevamos tratamientos, proveedores y controles, y medimos brechas frente a cada exigencia de la ley. Entregable: informe de brechas priorizado.
- Etapa 2
Hoja de ruta
Plan de adecuación con responsables, plazos y presupuesto, aprobado por la dirección y alineado con la fecha de vigencia que finalmente rija.
- Etapa 3
Implementación
Inventario, política de tratamiento, procedimientos de derechos y de vulneraciones, contratos con encargados, evaluaciones de impacto y medidas de seguridad.
- Etapa 4
Gobierno continuo
Acompañamiento como delegado de protección de datos externo, preparación del modelo de prevención y seguimiento de las instrucciones de la Agencia.
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Preguntas frecuentes sobre la Ley 21.719
Respuestas directas, actualizadas al estado del trámite legislativo al 21 de octubre de 2026.
¿Cuándo entra en vigencia la Ley 21.719?
El 1 de diciembre de 2026, según la ley publicada. La Ley 21.719 se publicó en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 y su artículo primero transitorio fija la vigencia el día primero del mes vigésimo cuarto posterior a la publicación. Hay un proyecto para postergarla al 15 de octubre de 2027 que el Senado ya aprobó, pero al 17 de noviembre de 2026 no es ley.
¿Se posterga la Ley 21.719 a 2027?
Todavía no es ley. El Boletín 18.623-07 propone mover la vigencia: el Gobierno pidió el 1 de diciembre de 2027 y el Senado, que lo aprobó el 28 de octubre de 2026, la fijó en el 15 de octubre de 2027. Está en segundo trámite en la Cámara de Diputados, con urgencia de discusión inmediata: al 17 de noviembre ya lo informaron las comisiones de Constitución y de Hacienda, y falta la votación en Sala. Mientras no se publique como ley, rige el 1 de diciembre de 2026.
¿A quién aplica la Ley 21.719?
A toda persona natural o jurídica, incluidos los órganos públicos, que trate datos de personas naturales, sin importar su tamaño o rubro. También alcanza a organizaciones sin establecimiento en Chile cuando ofrecen bienes o servicios a personas en Chile o monitorean su comportamiento (art. 1° bis).
¿Cuáles son las multas de la Ley 21.719?
Hasta 5.000 UTM por infracciones leves, 10.000 UTM por graves y 20.000 UTM por gravísimas (art. 35). Con reincidencia la multa puede triplicarse. Solo las empresas que no son de menor tamaño y reinciden en infracciones graves o gravísimas pueden enfrentar una multa equivalente al 2% o al 4% de sus ingresos anuales del giro: no es una multa general del 4% de los ingresos.
¿Hay que reportar una brecha de datos en 72 horas?
No bajo la Ley 21.719: el reporte a la Agencia debe hacerse por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas, sin un plazo en horas (art. 14 sexies). Los plazos de 3 y 72 horas corresponden a la Ley 21.663 y aplican a prestadores de servicios esenciales y operadores de importancia vital, ante incidentes que pueden tener efecto significativo.
¿Necesito un delegado de protección de datos?
No es obligatorio: la ley dice que el responsable podrá designarlo (art. 50). Lo que sí es obligatorio para todos es adoptar acciones destinadas a prevenir infracciones (art. 48). Tener un responsable claro, interno o externo, es la forma más simple de cumplir y de demostrar que cumples.
¿Puedo usar proveedores de nube fuera de Chile?
Sí, si la transferencia internacional cumple la ley. Es lícita hacia países que la Agencia declare adecuados o con cláusulas contractuales, normas corporativas vinculantes, modelos de cumplimiento o certificaciones con garantías adecuadas (arts. 27 y 28). Sin eso, quedan los supuestos específicos del art. 27 y la autorización caso a caso de la Agencia (art. 28).
¿La Agencia ya puede fiscalizar y multar?
No antes de la entrada en vigencia. Mientras la ley no rija, el Consejo Directivo solo puede ejercer algunas funciones del art. 30 bis, entre las que no están fiscalizar, citar a declarar ni sancionar, y sus instrucciones no obligan (art. cuarto transitorio). Además, el 19 de mayo de 2026 el Senado rechazó la nómina de consejeros propuesta por el Ejecutivo y no encontramos registro de una nueva propuesta.
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